El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) es la primera normativa europea de aplicación directa destinada a blindar la independencia editorial, el pluralismo informativo y la transparencia en el sector mediático.

La nueva regulación establece un marco obligatorio que no requiere transposición en cada país, y aborda aspectos esenciales como:

• Transparencia de propiedad y financiación: Todos los medios deberán revelar su estructura empresarial, propietarios reales y los ingresos que reciban por publicidad institucional.

• Protección de la independencia editorial: Los medios públicos deberán contar con mecanismos de gobernanza transparentes y procedimientos transparentes para nombramientos, evitando interferencias políticas.

• Fuentes seguras: Se prohíbe el uso de programas espía contra periodistas, garantizando el secreto profesional y la confidencialidad.

• Regulación de plataformas digitales: Las grandes plataformas en línea están obligadas a seguir procedimientos claros antes de eliminar contenidos de medios y deben informar al respecto.

• Un nuevo órgano supervisor: El Comité Europeo de Servicios de Medios (también denominado European Board for Media Services) reemplaza al antiguo ERGA y coordina políticas y seguimiento regulatorio. La CNMC española, representada por su consejero Carlos Aguilar, preside durante 2025 este Comité.

Representantes del Parlamento Europeo, como Sabine Verheyen y Nela Riehl, han subrayado la importancia de la ley, aunque advierten que su efectividad dependerá de una implementación real y eficaz.

Organizaciones de defensa de la prensa, como Media Freedom Rapid Response (MFRR), señalan que muchos Estados han mostrado un ritmo lento o insuficiente en adaptar sus normas internas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) va más allá y advierte de la falta de voluntad política en varios países, como Hungría, Malta o Grecia. 

En España la adaptación del reglamento se ha realizado con el  Proyecto de Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. El Consejo de Ministros aprobó su remisión a las Cortes para comenzar su tramitación.

España ha apostado por la creación del registro estatal y autonómico coordinado, con los requisitos de información exigidos: titularidad, fondos públicos e ingresos publicitarios. La CNMC es la encargada de este Registro y pasará a ocupar el rol de autoridad reguladora nacional independiente.